Juez federal bloquea que el gobierno condicione fondos policiales a cooperar con inmigración
Ilustración editorial — Informadores USAUn juez federal de Rhode Island bloqueó de forma permanente que el Departamento de Justicia condicione los fondos federales de seguridad pública a que los estados cooperen con la aplicación de la ley migratoria: el miércoles 4 de noviembre, el juez John J. McConnell Jr. falló que el gobierno se excedió en su autoridad al imponer esas condiciones a programas que el Congreso creó para la policía y la justicia locales.
McConnell falló desde el estrado a favor de una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por Nueva Jersey, que demandó al Departamento de Justicia en el caso State of New Jersey et al v. United States Department of Justice. La orden prohíbe de forma permanente que el gobierno aplique las condiciones migratorias contra los estados que demandaron.
Las condiciones exigían que los estados dieran a los agentes federales de inmigración acceso a personas detenidas en custodia estatal sospechosas de estar en el país sin estatus legal, que avisaran al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) antes de liberarlas y que cumplieran requisitos sobre información migratoria. El juez sostuvo que el diseño basado en fórmulas que el Congreso estableció para repartir esos fondos limita la autoridad del Departamento de Justicia para agregar condiciones migratorias.
La disputa comenzó en 2025, cuando el gobierno puso condiciones migratorias a más de $1,300 millones en fondos federales de la Ley de Víctimas del Delito. Este año, el Departamento de Justicia extendió esas condiciones a nuevos programas, entre ellos el Programa de Intervención en Crisis Estatal Byrne y las subvenciones de fórmula de justicia juvenil. Las condiciones sobre el programa mayor, las subvenciones Byrne JAG, ya habían sido bloqueadas por una orden judicial anterior en el mismo caso.
La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, que codirigió la coalición junto con los fiscales de California, Delaware, Illinois y Rhode Island, dijo que la aplicación civil de la ley migratoria “es una responsabilidad federal y no una responsabilidad de los gobiernos estatales”. Solo a Nueva Jersey se le asignaron unos $4.2 millones en subvenciones Byrne para el año fiscal 2025, según documentos judiciales.
El fallo no detiene la aplicación federal de la ley migratoria en sí: protege el acceso de los estados demandantes a los fondos sin tener que aceptar las condiciones impugnadas, pero no obliga a los estados que no demandaron. El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.
Fuentes: Reuters (4 de noviembre de 2026); Oficina de la Fiscal General de Nueva Jersey (4 de noviembre de 2026); The Jersey Vindicator (4 de noviembre de 2026).
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