Arzobispo de Nueva York se suma a la demanda contra la ley de suicidio asistido
Ilustración editorial — Informadores USAEl arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, se sumó a la demanda federal con la que varias congregaciones religiosas y centros de salud católicos buscan impedir que el estado les obligue a participar en el suicidio asistido. La incorporación del prelado, junto con la Arquidiócesis de Nueva York y su red de salud ArchCare, fue anunciada el 30 de octubre por el bufete de libertad religiosa Becket, que representa a los demandantes, y se difundió en español este lunes 2 de noviembre.
“Nos negamos a permitir que Nueva York nos obligue a hacer daño precisamente a aquellos a quienes hemos sido llamados a cuidar”, declaró Hicks al anunciarse su adhesión. El arzobispo añadió que los católicos “se guían por la compasión de Jesús para servir a personas de cualquier procedencia que necesiten sanación”.
La demanda, presentada como Carmelite Sisters for the Aged and Infirm v. James, ya incluía al obispo de Rockville Centre, John Barres, y a cuatro congregaciones: las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, las Hermanas Dominicas de Hawthorne, las Hermanas Misioneras de San Benito y las Hermanitas de los Pobres, además de otras instituciones sanitarias católicas. Los demandantes sostienen que la ley estatal podría obligarlos a orientar a pacientes terminales sobre el suicidio asistido, ayudarlos a calificar para los fármacos letales y derivarlos a médicos dispuestos a recetarlos, algo que consideran contrario a su fe. Según Becket, incumplir esas obligaciones podría exponer a las instituciones y a sus profesionales a multas, consecuencias para sus licencias e incluso responsabilidad penal.
La ley en disputa es la Medical Aid in Dying Act de Nueva York, firmada el 6 de febrero de 2026 por la gobernadora Kathy Hochul y en vigor desde el 5 de agosto. La norma permite que adultos residentes en el estado, con una enfermedad terminal y una esperanza de vida no superior a seis meses, soliciten una receta de sustancias destinadas a provocar su muerte, que deben administrarse ellos mismos.
El litigio no empieza con Hicks. Las religiosas demandaron en julio de 2026 y el 30 de julio un tribunal federal dictó una medida cautelar, aceptada por el estado, que impide aplicar a las instituciones demandantes determinadas obligaciones relacionadas con el suicidio asistido mientras continúa el proceso. Lo que ahora piden Hicks, la arquidiócesis y ArchCare es que esa misma protección se extienda a los proveedores de salud católicos de la Arquidiócesis de Nueva York. La protección es provisional: no resuelve el fondo del litigio, que sigue abierto.
ArchCare no es un actor menor en este caso. Según Becket, su red incluye el Mercy Hospital, descrito como el único hospital de cuidados agudos de Estados Unidos dedicado exclusivamente a los cuidados paliativos de pacientes adultos con enfermedades que limitan la vida. Hicks es, además, presidente del Comité de Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que esta misma semana, del 1 al 7 de noviembre, celebra la Semana Nacional de Concientización sobre las Vocaciones.
El caso de Nueva York tiene un paralelo en Illinois: en septiembre, el cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, y dos congregaciones demandaron a ese estado por obligaciones similares, y un tribunal federal les concedió también protección cautelar. En abril, los obispos de Nueva York ya habían publicado un documento contra la ley, titulado Ahora y en la hora de nuestra muerte, en el que defendieron que provocar deliberadamente la muerte de un enfermo es moralmente inadmisible, distinguiéndolo del rechazo de tratamientos desproporcionados.
Fuentes: National Catholic Register / EWTN News, 31 de octubre de 2026 (adhesión de Hicks anunciada por Becket el 30 de octubre; demandantes; medida cautelar de julio); The Good Newsroom (Arquidiócesis de Nueva York), 30 de octubre de 2026 (caso Carmelite Sisters v. James; protección del 30 de julio; alcance de la ley); InfoVaticana, 2 de noviembre de 2026 (ley firmada el 6 de febrero de 2026 y en vigor el 5 de agosto; documento episcopal de abril; caso paralelo de Illinois).
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